Esta es una de las últimas de varias batallas entre el gobierno federal y Nueva York en materia de transporte, en las que los tribunales han negado en varias ocasiones los intentos de la administración republicana de retener fondos debido a disputas políticas.
NY: -Las autoridades del estado de Nueva York han demandado al gobierno del presidente Donald Trump para recuperar más de $73 millones de dólares en fondos para carretera, en una disputa sobre el acceso de los no ciudadanos a las licencias de conducir comerciales.
La fiscal general del Estado, Letitia James, y la gobernadora, Kathy Hochul, presentaron la demanda ante un tribunal federal el viernes. Ambas buscan recuperar los fondos que el Departamento de Transporte federal retiene por licencias y permisos que, de acuerdo con lo que afirma, fueron emitidos de forma ilegal.
El Estado alega que no ha cometido ninguna irregularidad y que las licencias en cuestión fueron emitidas de conformidad con las regulaciones estatales y federales.
Tanto James como Hochul aseguraron en un comunicado de prensa que la revocación de licencias perturbaría sectores clave y podría causar escasez de conductores de autobús.
El Departamento de Transporte declaró que una auditoría hecha por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA), cuyos resultados fueron publicados en diciembre del año pasado, dio a conocer que más de la mitad de las licencias de Nueva York revisadas se habían emitido en violación de la ley federal.
El medio Gothamist informó en febrero de 2026 que la administración de Hochul dejó de emitir licencias de conducir comerciales a muchos inmigrantes luego de las amenazas federales de retener fondos, lo que causó fuertes críticas por parte de los sindicatos del transporte.
No obstante, el Departamento de Transporte argumenta que Nueva York sigue sin cumplir la normativa y este mes de abril anunció que retendría los $73 millones de dólares, el 4% del Programa Nacional de Rendimiento de Carreteras del estado.
El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, explicó en su momento que responsabilizaba al estado por no proteger a sus residentes de “conductores extranjeros no verificados ni cualificados”, incluyendo la emisión de licencias de ocho años a conductores no ciudadanos sin tener en cuenta la fecha de vencimiento de su estatus legal.
