La organización de derecho civiles Latino Justice denunció como «cruel» la regla para determinar que un inmigrante es una «carga pública» retomada por el Gobierno de Donald Trump, y advirtió que puede perjudicar a familias con niños estadounidenses.
Latino Justice indicó en un comunicado que la norma, prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre, afectará a numerosas solicitudes de visado, admisión a Estados Unidos y residencia permanente.
«La norma abandona prácticas de larga data que dejaban claro que recibir beneficios limitados no contaría, por sí solo, en contra de una persona en una solicitud de inmigración por ‘public charge’ (carga pública)», explicó.
Los defensores de los inmigrantes han expresado temor sobre los estragos que causará la ampliación de esta política en la comunidad indocumentada de bajos recursos, y especialmente en las familias de estatus mixto, aquellas que tienen al menos un miembro ciudadano estadounidense.
El Gobierno Trump divulgó que ha revivido su controvertida política de denegar la residencia permanente a solicitantes de residencia que puedan ser considerados «una carga pública».
