El proceso de autocratización que Venezuela ha experimentado durante el siglo XXI ha estado estrechamente ligado a la cooptación del sistema electoral por parte del régimen chavista. Desde los primeros años de su mandato, Hugo Chávez, respaldado en su popularidad y en el fracaso de los sistemas de contrapeso institucional, comenzó gradualmente a manipular el sistema electoral venezolano para alinearlo con los intereses de permanencia indefinida en el poder de la Revolución Bolivariana. En la medida en que el chavismo fue perdiendo apoyo popular y, por ende, competitividad electoral, el número de irregularidades introducidas en el sistema electoral ha ido en aumento.
En el artículo «Democratic backsliding through electoral irregularities” (2020), el profesor Javier Corrales del Amherst College destaca cómo fue el deterioro progresivo del sistema electoral venezolano. Según Corrales, «cuando Chávez murió en 2013, el sistema estaba plagado de irregularidades. Maduro superó a Chávez en términos de número, frecuencia y gravedad de las irregularidades. Sin embargo, no empezó desde cero. Maduro agravó las irregularidades que heredó de la era Chávez: aumentó el número de irregularidades heredadas y creó nuevas irregularidades específicas de las elecciones”.
De acuerdo con este investigador, el punto de inflexión en la degradación del sistema fueron los resultados adversos que obtuvo el régimen en las elecciones parlamentarias del 2015: «Este resultado electoral llevó a Maduro a convertir un sistema electoral sesgado por el gobierno en un sistema electoral aún menos confiable que no se acerca en absoluto a cumplir con los estándares convencionales de estabilidad, libertad y justicia.”
En 2018, la falta de transparencia y garantías electorales alcanzó tal magnitud que los principales partidos de la oposición democrática se negaron a participar en la elección presidencial. En esa elección, la desconfianza ciudadana resultó en una abstención del 68%, la más alta en la historia del país. Los resultados de esta elección fueron desconocidos, no solo por la oposición, sino también por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), y por más de sesenta países.
